Las instituciones del sistema financiero nacional tienen la obligación legal y reglamentaria de proporcionar al Servicio de Rentas Internas la información detallada de las operaciones gravadas con el Impuesto a la Circulación de Capitales, así como la identificación de los respectivos contribuyentes, aún cuando la entidad financiera haya decidido asumir el pago del impuesto que correspondiere pagar al cliente.